¿Por qué surge PROSAIA?

En los últimos tres años se ha consolidado definitivamente el potencial exportador pecuario de una gran región de América del Sur. Es un hecho reconocido y de relevancia mundial el rol de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay como exportadores de carne, ocupando el primer puesto en el mercado de carnes bovinas, el tercer y cuarto lugar en carnes porcinas y aviares, el primer lugar en las exportaciones de miel y un lugar destacado en la producción de lácteos y productos pesqueros. Esto, ha sido posible primeramente por las ventajas comparativas de la Región, que sólo ha logrado competitividad cuando la industria de la producción incorporo nuevas tecnologías (alimentación, manejo y sanidad) y en segundo término por los cambios tecnológicos en la industria del procesamiento, que transforma rápidamente los productos primarios en alimentos con diferentes niveles de elaboración.

El nuevo paradigma de la Seguridad Alimentaria (protección de la Salud Pública) obliga a los oferentes de alimentos a ser proactivos, demostrando los atributos de calidad y sanidad con documentación e información confiable, la cual pueda ser auditada (registros). Esto exige, que los productos sean trazables (trazabilidad). Pero quizás lo más importante para los países exportadores y para las empresas que venden y exportan alimentos es que, dentro de sus responsabilidades, la demostración de la seguridad de sus productos –inocuidad– es, actualmente, uno de los elementos centrales. Para el logro de este propósito, es necesario establecer una política alimentaria nueva y dinámica, la cual supone: adecuar la legislación, reforzar los controles desde la explotación agraria hasta la mesa del consumidor, aumentar la eficacia del sistema de asesoramiento científico y disponer de insumos de eficiencia y eficacia probadas para garantizar un nivel elevado de salud y protección de los consumidores, volcando al mercado alimentos que no sean causantes de enfermedades por la presencia de contaminantes o agentes patógenos, en forma involuntaria –inocuidad– o deliberada –Bioterrorismo–.

En este sentido, se impone la necesidad de producir una profunda y continua revisión de las responsabilidades de los diferentes niveles del sector agroalimentario, privado y público, que implique el rediseño de sus estructuras, la asignación de competencias y la refuncionalización de los niveles jerárquicos (políticos y técnicos), a la vez que determine claramente qué funciones deben estar en la órbita de la administración central, cuáles en la administración descentralizada, los limites entre lo publico y lo privado y las competencias entre los niveles de gobierno y la actividad privada.

El nuevo diseño institucional del sector, debe operar como facilitador de los cambios que se pretenden impulsar, en términos de la responsabilidad de las instituciones públicas y de los integrantes privados de las cadenas agroalimentarias.

El término Cadena Alimentaria abarca la totalidad de la cadena de alimentos para humanos y animales, asegurando la participación a todos los sectores de la producción primaria mediante la implementación de “buenas practicas de producción”. En este punto, conviene destacar que ya hay antecedentes en la materia, que pueden servir como indicadores para el desarrollo de sistemas que tomando en cuenta las particularidades productivas definan con claridad los papeles de cada uno de los participantes en la cadena alimentaria . En la Unión Europea por ejemplo se ha desarrollado un sistema que incluye a los fabricantes de alimentos e insumos para animales, agricultores, productores o manipuladores de alimentos destinados al consumo humano; autoridades competentes en los estados miembros y en terceros países; comisión y los consumidores. Los primeros son los responsables principales de la seguridad alimentaria; las autoridades competentes controlan y garantizan el cumplimiento de esta obligación a través de los sistemas nacionales de vigilancia, control y la Comisión se centra en la evaluación de la capacidad de las autoridades competentes para proporcionar estos sistemas mediante auditorias e inspecciones a nivel Nacional. Los consumidores han de reconocer, asimismo, que a ellos los compete la responsabilidad de almacenar, manipular y cocinar los alimentos de manera apropiada.